En las últimas semanas hemos asistido a ruidosas manifestaciones en contra de la LOMLOE – Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (sic)-. Los manifestantes acusan a la ley de atacar a la escuela concertada. Un aspecto muy discutido es el hecho de que la LOMLOE estrecha el margen de las escuelas concertadas para elegir a su alumnado. Por un lado, da menos margen para que las escuelas apliquen sus criterios de selección -criterios que, en la mayoría de los casos, privilegiaban a las familias con más recursos-. Por otro, prohíbe una práctica con la que estas escuelas “gratuitas” obtenían financiación al tiempo que disuadían a las familias con escasos recursos económicos: cobrar cuotas por “actividades extraescolares”, formalmente “voluntarias”.

El relato de los manifestantes contrapone dos actantes: las “familias” y el “Estado”. El “Estado” se inmiscuiría en el “derecho a decidir” de las “familias”. Cada familia detentaría un derecho individual a elegir la educación de sus hijos: toda regulación sería inculcar ese derecho individual / familiar.

Este énfasis en los derechos de las familias considera la elección de un centro escolar -y la subvención estatal de esta elección- como un asunto puramente particular. Ignora, así, un aspecto crucial que constituye el objeto principal de la sociología: las interdependencias. Cada acción propia depende de las prácticas de muchas otras personas. A su vez, lo que hacemos repercute siempre en otras personas. Así, obtener una plaza en un centro escolar no es un asunto puramente particular: supone estar por delante de otros padres que no obtienen la plaza. La elección de unos impide la elección de otros: sus elecciones son interdependientes. La perspectiva individualista oculta el hecho de que las estrategias de colocación de los propios vástagos inevitablemente comportan desplazamiento de los vástagos ajenos.

Una visión de interdependencias, opuesta a la individualista, pondría en relación la elección de esas familias con sus efectos -interdependientes- sobre el resto del sistema escolar. Si las direcciones de las escuelas y determinados grupos de padres deciden que un centro sólo reclute a los hijos de las buenas familias -entendiendo por buenas, adineradas-, los hijos de otras familias quedarán excluidos de ese centro escolar. Como han mostrado claramente múltiples investigaciones sociológicas – como ésta del mapa escolar en Valencia-, la existencia de escuelas concertadas refuerza la segregación escolar por clase social. En otras palabras, el fuerte peso de la concertada en España está provocando que los centros escolares se diferencien fuertemente por la clase social de origen, así como por la trayectoria escolar de sus alumnados.

Esa segregación social y escolar tiene fuertes consecuencias. La pedagogía que utilicen los profesores, y sus posibilidades de enseñar, dependen en gran medida de las características -escolares y sociales-del alumnado. A medida que se acumulan más alumnos con bajo rendimiento o con comportamientos anti-escolares, más difícil resulta el manejo del aula, más bajan las expectativas de los docentes, peores condiciones de aprendizaje se dan. Ello, a su vez, genera un círculo vicioso. Por un lado, los alumnos con peores rendimientos empeorarán. Por otro, las familias de los alumnos con mejor rendimiento abandonarán -si pueden- esa escuela, acelerando con su deserción el deterioro de la escuela abandonada. Se genera así una dinámica de espiral que conduce a una polarización de las escuelas. Las familias con menos recursos no tendrán otra opción que elegir escuelas donde la concentración de alumnado de bajo rendimiento dificultará enormemente la enseñanza y el aprendizaje.

La perspectiva individualista permanece ciega a esta intensa interdependencia entre las dinámicas pedagógicas de las distintas escuelas. Para ella, cada escuela es un mundo aparte y la elección de cada familia, un asunto puramente individual. Nada más lejos de la realidad. Cada escuela, al reclutar un tipo de alumnado, transforma la composición social y escolar del resto de escuelas. Cada escuela incide así en las dinámicas pedagógicas y la calidad de la educación del resto de escuelas.

El privilegio subsidiado

Los oponentes a la LOMLOE silencian otro aspecto crucial del entramado de interdependencias: el reparto desigual de los subsidios estatales. Habituales enemigas de los impuestos, estas familias no dudan en exigir una educación privada subvencionada.

Solemos identificar subsidio público con pobreza: las ayudas estatales se focalizarían en las familias con menos recursos. Nada más lejos de la realidad. Hace tiempo, Robert Goodin y Julian Le Grand coordinaron un volumen – No sólo los pobres: Las clases medias y el Estado del Bienestar (1989) – que mostraba que las clases medias se benefician más que los estratos inferiores de muchos gastos estatales. Esto ocurre especialmente cuando se dan dos condiciones. En primer lugar, el servicio subsidiado estatalmente es de acceso universal: no está reservado a la población de menos recursos. En segundo lugar, no todo el mundo tiene la misma capacidad de acceder a ese servicio. Esa desigualdad de capacidad de acceso puede deberse a dos razones. En primer lugar, porque se necesitan recursos previos -así, para utilizar una autopista es necesario un automóvil o para utilizar servicios deportivos, determinado equipamiento-. En segundo lugar, porque las clases medias y superiores saben moverse mejor por los entresijos de la burocracia y obtener la información pertinente -como ha ocurrido en España con subsidios a la compra de ordenadores, a las placas solares, a la renovación de inmuebles, etc.-.

Goodin y Le Grand señalan tres tipos de gastos estatales que aprovechan más las clases medias y superiores: transporte, salud y educación.

En primer lugar, el transporte. Las clases medias utilizan más las autopistas públicas -tienen automóviles, tiempo y dinero para viajar-, pero también transportes interurbanos subsidiados como el AVE o los vuelos entre las islas y la península -hacen más turismo, van más a congresos o a reuniones de trabajo en otras ciudades-.

En segundo lugar, la salud. Aunque todos tenemos un cuerpo que cuidar, aquí también se benefician más las clases medias: tienen más esperanza de vida y saben maniobrar mejor para obtener los mejores tratamientos y especialistas.

Por último, la educación, especialmente la posobligatoria. Dado que las probabilidades de estudiar más allá de la educación obligatoria dependen del origen social, la financiación pública de esa educación beneficia mucho más a los sectores sociales con más recursos. Así, la gratuidad de la universidad beneficia a la inmensa mayoría de las clases medias -casi todos sus vástagos realizan estudios universitarios-, frente a un porcentaje mucho menor de la clase obrera. Además, esas clases son las que acuden a las carreras más exclusivas -las de mayor cierre social- y las que luego rentabilizan mejor sus títulos universitarios en el mercado de trabajo. La gratuidad de la universidad supone así un subsidio preferente a las clases medias, como ya señalaba Jencks:

“Resulta difícil comprender por qué, por ejemplo, un mecánico debe pagar impuestos para mandar a su primo a una facultad de derecho y más tarde debe pagarle de nuevo una importante cantidad para obtener sus servicios legales.» (Jencks, 1999, p. 475)

Las clases medias recurren a todo tipo de estrategias individuales y colectivas para obtener el máximo beneficio de los recursos públicos. Aunque este objetivo entra parcialmente en contradicción con otro: pagar los menores impuestos posibles. Para conciliar ambos, diferenciarán dos tipos de estrategias colectivas en torno a los programas de gastos públicos. Por un lado, presionarán para expandir la financiación de aquellos programas de los que puedan beneficiarse, como en el caso de la salud y la educación posobligatoria. Por otro lado, en aquellos programas sociales de los que no puedan sacar partido -como las ayudas sociales o las rentas mínimas de inserción- presionarán para rebajar el presupuesto o para establecer criterios muy estrictos de admisión. Cuando ellas se benefician, hablarán de derechos y libertad; cuando no, deplorarán la cultura del subsidio, pregonarán el fin de la cultura del esfuerzo o sospecharán de la existencia de fraudes generalizados -como ha ocurrido recurrentemente en España con el conocido como PER (Plan de Empleo Rural)-.

La escuela concertada, tal como estaba regulada en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 con un gobierno del Partido Popular, conciliaba estos dos objetivos en torno a los gastos estatales. Por un lado, subvencionaba ampliamente la educación de la cual se beneficiaban en mayor medida las clases medias -las escuelas concertadas-. Por otro, establecía mecanismos para obstaculizar que se beneficiaran las familias de menos recursos -así, concediendo un amplio margen a las escuelas para seleccionar a su alumnado o permitiendo cuotas que podían encarecer sensiblemente una educación formalmente gratuita-. El famoso derecho a la elección de las familias era un derecho a la elección de las buenas familias.

La LOMLOE pone trabas a ambos objetivos. Por un lado, limita la financiación a las escuelas concertadas -así, privilegiando, en nuevas zonas residenciales, la apertura de escuelas públicas antes que concertadas-. Por otro, limita el margen de maniobra de las escuelas para seleccionar a sus públicos o da más peso a los bajos ingresos como criterio de entrada. Limitar la financiación de la escuela concertada y aminorar la segregación por clase social: estos objetivos de la ley no podían menos que despertar una rotunda reacción de los sectores que se benefician de los recursos públicos para sus segregaciones privadas.

Bibliografía

• Goodin, Robert E. y Julian Le Grand (1989), Not Only the Poor: The Middle Classes and the Welfare State, London, Allen & Unwin.
• Jencks, Christopher (1999), «¿Qué hacer?», Sociología de la educación, ed. Mariano Fernández Enguita, Barcelona, Ariel, pp. 468-480.

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Entrevista a Enrique Martín Criado en relación a este artículo.

Realizada por  Andrés García en el Programa «REDES Dice» en Onda Capital. Redes: Asociación Renovación de la Educación y Defensa de la Enseñanza. Sevilla

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