El convenio de investigación «Mapa Escolar de la ciudad de Valencia» ha desvelado el desmantelamiento de la enseñanza pública efectuada en los últimos veinticinco años de gobiernos del Partido Popular en la ciudad de Valencia. Ha puesto de manifiesto los graves desequilibrios de los centros sostenidos con fondos públicos y las intensas dinámicas de segregación escolar en la ciudad. La respuesta del Partido Popular valenciano, uno de los más corruptos de España, ha consistido en criminalizar la investigación, a su investigador principal y orquestar mediante su portavoz mediático, el diario valenciano Las Provincias un juicio paralelo basado en la desinformación, la difamación y la calumnia. Tras tres años de persecución, su denuncia se archivó en diciembre de 2019.

El proyecto de investigación social: «La situación del alumnado y del sistema educativo en la educación obligatoria en la ciudad de Valencia , evolución histórica y formación de estudiantes en esta materia» partió de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y la Universidad de Valencia-Estudio General (UVEG). Se inició en 2017 y está basado en un modelo de colaboración no mercantil entre las universidades y la administración pública. En estos convenios de investigación modelo el conocimiento producido pertenece por igual a ambas instituciones e implican una apuesta explícita por la democratización del conocimiento mediante el diseño de acciones específicas dirigidas a su difusión y transferencia a los diferentes agentes sociales implicados.

El primer objetivo de nuestra investigación consistió en conocer la evolución y la situación actual de la realidad escolar en el municipio de València para facilitar el cumplimiento de las funciones que el Consejo Escolar Municipal tiene atribuidas en su artículo cuatro, en particular, las siguientes: elaborar anualmente un informe sobre la situación del sistema educativo en el término municipal de València; actuaciones y disposiciones municipales relativas a la enseñanza con incidencia en materias tales como educación especial, escolarización de población marginada, actividades complementarias y extraescolares y enseñanzas no regladas, así como el tratamiento de la compensación educativa y escolarización de la población inmigrante y el control del absentismo escolar; publicitar la oferta educativa de sus propios centros para facilitar la elección de los mismos; elaborar anualmente un informe sobre la escolarización y necesidades derivadas de la demanda de las familias y promocionar aquellas actividades educativas, especialmente entre la población con carencias socio-económicas, que permitan la adquisición de valores democráticos que favorezcan la convivencia cívica.

En el mes de abril del año 2018 se presentó ante el Consejo Escolar Municipal el primer informe fruto del convenio, con el análisis preliminar de los diferentes distritos escolares de la ciudad.

El pasado mes de mayo del año 2019 se presentó el segundo informe, con un análisis jurídico-constitucional del derecho a la educación, y un estudio del proceso de escolarización, con las principales conclusiones y propuestas que el equipo hace al Consejo Escolar Municipal y a la comunidad educativa e investigadora de la ciudad de Valencia.

Ambos informes se pueden consultar en este enlace.

El segundo objetivo del convenio consistió en la formación de jóvenes investigadores/as en el conocimiento de la realidad escolar a través de la práctica en la investigación educativa. Durante el primer período del proyecto se formaron cuatro estudiantes de las facultades de Magisterio, Geografía y Ciencias Sociales. Durante el segundo año se formaron, en colaboración con el instituto EMIGRA de la Universitat Autònoma de Barcelona, veinte estudiantes de las facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales en la investigación social a través del método de la etnografía escolar y realizaron, bajo la tutela del equipo de investigación de la Universitat de València, nueve etnografías escolares grupales en siete centros escolares de la ciudad. Como sabemos, la etnografía escolar es una metodología muy pertinente para conocer tanto, las dinámicas reales de los centros, su ‘clima escolar’ como los procesos de segregación interna que se producen en su interior. Dicho conocimiento es una condición necesaria para orientar políticas educativas que permitan actuar contra lo que podríamos denominar las dimensiones ‘micro’ de la segregación escolar.

Por último, nuestro tercer objetivo asumía que tanto la investigación y la producción de conocimiento como la transferencia social de sus diagnósticos y el debate de sus conclusiones con los diversos sectores sociales implicados, es una responsabilidad que compete a todas las instituciones de la administración y, en particular, a las universidades públicas. En términos de transferencia científica las principales conclusiones de la investigación se han presentado en diferentes congresos internacionales y nacionales y han dado lugar a diversas publicaciones. En términos de transferencia ciudadana hemos realizado cuatro seminarios en los que se han presentado y debatido la situación de la educación obligatoria en la sociedad española y en la capital valenciana, la relación entre la desigualdad social y el proceso educativo, la relación entre los modelos de zonificación escolar, elección de centro y equidad educativa.

En la investigación participaron quince profesores y profesoras de las Facultades de Ciencias Sociales, Economía, Filosofía y Ciencias de la Educación, Geografía e Historia y Magisterio; y colaboraron investigadores de otras universidades públicas como la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad de La Coruña y de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

En cuanto a las conclusiones del proceso de investigación conviene destacar dos: el desmantelamiento que ha padecido la enseñanza pública en los últimos veinticinco años de gobierno municipal por parte del PP valenciano y los efectos perversos de la modernidad conservadora de la LOMCE en la enseñanza obligatoria de la ciudad. A su vez, el estudio del sistema escolar de la ciudad de València nos ha permito desvelar la existencia de graves desequilibrios en la red de centros escolares sostenidos con fondos públicos en el municipio. Estos desequilibrios conducen a desigualdades que generan segregación escolar y propician la exclusión educativa de los sectores sociales más desfavorecidos.

En este sentido, la evolución histórica de la ciudad de València y la implantación de centros educativos en su territorio ha conformado una red escolar en la que los centros de mayor prestigio, principalmente concertados, se han ubicado en los barrios centrales de la capital. Por el contrario, en los barrios de la periferia se ubicaron los centros públicos construidos para satisfacer la demanda de la población inmigrante que llegó a la ciudad en los años 60 y 70 del siglo XX. Esta dualidad se mantiene en la actualidad; el diseño de la zonificación escolar y su dotación de plazas escolares no modificó dichos desequilibrios. De este modo, se ha consolidado la estructura dual de la red escolar valenciana procedente del franquismo, en la que los centros escolares de prestigio se encuentran en los barrios de nivel socioeconómico alto y los centros escolares desprestigiados se ubican en los barrios de condición más desfavorecida.

Por otra parte, la distribución de la oferta educativa en la ciudad de València ha contribuido a reforzar la existencia de sobreoferta en los distritos centrales de la ciudad, a costa de una dotación escolar insuficiente en los distritos de la periferia. Este desequilibrio en la dotación escolar de los diferentes distritos de la ciudad genera tensiones y desajustes en el proceso de escolarización, incentiva movimientos del alumnado entre los diferentes distritos y centros educativos de la ciudad, y alimenta dinámicas de segregación escolar.

En cuanto a las propuestas del proyecto, recogidas en los informes presentados en el Consejo Escolar Municipal, destacamos la siguiente: resulta necesario implementar políticas que aborden la segregación y sean capaces de reforzar la cohesión social en las aulas mediante una educación inclusiva dirigida a apoyar las necesidades de los niños y niñas procedentes de los contextos socioeconómicos más vulnerables. Es imprescindible nivelar la composición social de los centros, la escolarización equilibrada es una responsabilidad colectiva y requiere del compromiso de todos los agentes sociales implicados en el sector educativo. En esta dirección, en el último informe presentado al Consejo Escolar Municipal proponíamos un plan contra la segregación escolar estructurado en siete áreas temáticas que resumimos a continuación.

La primera área temática se orienta a promover políticas comprometidas en la lucha contra la segregación escolar. Proponemos de forma general que en los textos legislativos que se aprueben y en las políticas que se implementen con incidencia en el sector de la educación, se incluya de forma obligatoria una justificación del posible impacto de las medidas propuestas en la segregación escolar.

La segunda área temática defiende una política de transparencia informativa sobre las dinámicas sociales con impacto en la segregación escolar. No puede haber política comprometida contra la segregación escolar sin conocimiento de las condiciones sociales que la fomentan. Si no hay más y mejores datos sobre el sistema de enseñanza se está contribuyendo a fomentar las políticas educativas neoliberales. Aunque no actúan en consecuencia, las administraciones educativas, en nuestro caso la Consellería de educación, saben perfectamente que no existe política democrática válida que no sea transparente y sus datos (que, en un ejercicio de autoritarismo político tienden a ocultar) deben estar a disposición, no sólo de los investigadores sino del conjunto de la ciudadanía. La planificación de las intervenciones educativas requiere también la coordinación entre las diferentes administraciones en la elaboración y presentación pública de dichos datos. Cualquier planificación de política educativa que se realice sin esta coordinación y sin el análisis de los datos pertinentes es, literalmente, una ‘planificación a ciegas’ que puede contribuir a agravar los problemas del sistema educativo en general y de las condiciones de segregación escolar en particular.

El tercer ámbito de actuación se centra en promover una programación del sistema educativo con criterios que contemplen la segregación escolar. La zonificación escolar es uno de los principales instrumentos de la planificación educativa para garantizar una distribución equilibrada del alumnado, y por ello debe gestionarse con el objetivo de luchar contra la segregación escolar. Las políticas educativas de zonificación escolar basadas en el distrito único contribuyen a incrementar la segregación escolar y a beneficiar a los hijos e hijas de las familias con mayor capital económico y cultural.

En cuarto lugar, se propone mejorar la información y acompañamiento a las familias en el proceso de elección de centro escolar. La información que reciben las familias sobre los centros escolares es clave en el proceso de elección de una escuela o un instituto. Es importante que la información disponible por parte de los centros escolares responda a un protocolo de pautas común a todos los centros sostenidos con fondos públicos. Resulta imprescindible realizar políticas informativas a la población en general y, particularmente, a aquellas familias que se encuentran en situaciones de riesgo escolar, para que se proporcione toda la información y asesoramiento de cara a la efectiva satisfacción de la igualdad de oportunidades en la elección de centro.

El quinto aspecto, apunta la imprescindible necesidad de mejorar la gestión del proceso de escolarización para prevenir y reducir los procesos de segregación escolar. Planificar y regular mejor la demanda permiten actuar sistemáticamente contra la segregación escolar porque establece el marco donde se realizará la elección de las familias y la asignación de plazas en los centros. Cuando se orientan desde la equidad pueden regular y equilibrar las preferencias de las familias fomentado la igualdad de oportunidades. Regular con criterios de equidad la incorporación fuera de plazo del alumnado recién llegado en los centros escolares también constituye uno de los principales mecanismos para luchar contra la segregación en la red escolar.

Todas estas actuaciones están condenada al fracaso si no se acompañan con medidas de financiación orientadas a compensar las dinámicas de segregación escolar. Es necesario, por tanto, generar condiciones de financiación que contemplen la desigualdad de oportunidades educativas y establezcan mecanismos de asignación de recursos que luchen contra la segregación escolar.

En séptimo lugar, resulta necesario la supervisión y seguimiento de los diversos agentes implicados para evitar acciones que promuevan la segregación escolar. Todas las medidas anteriores carecen de efectividad si las administraciones públicas y, principalmente, la inspección educativa, no supervisan su efectivo cumplimiento y el compromiso de todos los agentes educativos en la lucha contra la segregación escolar.

Por último, hemos comprobado, como señaló Pierre Bourdieu, que la sociología es una ciencia que molesta. Y, en nuestro contexto más inmediato, hemos constatado que la criminalización de la investigación social que caracterizó las décadas centrales del siglo pasado, sigue presente, bajo otras formas, en la sociedad española de 2020. A diferencia del autoritarismo represivo que caracterizó la persecución de la investigación y los investigadores sociales de la dictadura franquista, la criminalización actual es más sofisticada y más totalitaria. Comienza mediante una denuncia política que se amplifica por los medios de comunicación afines, continúa con la judicialización de la denuncia que permite, con completa independencia de su fundamento jurídico, abrir un tercer momento de condena y criminalización mediática en paralelo basada en la filtración delictiva del sumario y su manipulación informativa utilizando las técnicas habituales de la desinformación, la difamación y la calumnia. Por último, los tres momentos anteriores impactan sobre el propio proceso de investigación, lo condicionan en sus diferentes etapas y permiten abrir una duda ‘nada científica’ sobre los propios resultados empíricos del trabajo. Se trata de una estrategia muy efectiva y que si no lo evitamos puede generalizarse en el conjunto de aquellas investigaciones sociales que, de un modo u otro, afecten a poderosos intereses económico o ideológicos.

Nuestra persecución se ha ceñido estrictamente al guion anterior. Desde 2017, el convenio y su investigador principal fueron objeto primero de una intensísima persecución política, después judicial mediante una denuncia por lo penal interpuesta por el PP valenciano. Y, posteriormente fuimos objeto a lo largo de dos años de un juicio mediático paralelo, con más de treinta noticias orquestado por el portavoz mediático del PP valenciano el diario local Las Provincias. Mediante la criminalización mediática del convenio se buscaba detener una investigación que iba a desvelar los privilegios económicos e ideológicos de la escuela concertada en la ciudad.

A pesar del daño que nos han causado no han conseguido su objetivo. En el último claustro de la Universidad de Valencia celebrado el jueves 20 de febrero, la rectora informó del archivo definitivo de la denuncia interpuesta por el Partido Popular. El claustro ratificó el compromiso jurídico y científico de la institución con los dieciséis investigadores e investigadoras que han formado parte del proyecto de investigación. Por nuestra parte, hoy sabemos mejor que ayer que si queremos contribuir a ensanchar el futuro de las nuevas generaciones de escolares la investigación sobre las desigualdades escolares sigue siendo una tarea imprescindible. También que si no queremos que se vuelvan a producir estos procesos de criminalización de los investigadores sociales debemos articular respuestas a la altura de su amenaza.

Nos parece imprescindible que las universidades públicas y a las administraciones educativas continúen la línea de trabajo que inició el convenio ‘Mapa Escolar’ en Valencia. Un formato de colaboración que desde el compromiso explícito con la transferencia y la democratización del conocimiento permite a las instituciones públicas diagnósticos eficaces para contribuir desde las políticas educativas a la regeneración de bienes comunes tan imprescindibles para la salud democrática de nuestras sociedades como la actual enseñanza obligatoria.