Los períodos electorales siempre vienen acompañados de un paquete de tópicos con los que periódicamente los partidos políticos se atacan entre sí. Uno de ellos es la acusación de clientelismo: un partido prevalecería en las localidades o distritos más pobres gracias a la compra de votos. La derecha española ha “explicado” recurrentemente con este tópico el predominio del voto socialista en los pueblos andaluces: sería un “voto cautivo”. Pero el fenómeno no es exclusivamente español; se encuentra con perfiles similares en países como México o Argentina. En todos los casos, el relato es similar y tiene los mismos protagonistas. Por un lado, un partido político enemigo al que se acusa de corromper la democracia. Por otro, una población pobre a la que no se le supone ni moral ni ideología: ignorantes paniaguados a quienes sólo interesaría aliviar sus necesidades materiales. Cual Faustos andrajosos venderían su voto al diablo, a cambio de limosnas o de promesas populistas de subsidios o recursos gubernamentales.

Helene Combes y Gabriel Vommaro analizan en un artículo de Actes de la recherche este “problema social”. Un problema que logra imponerse como tal gracias a una conjunción de intereses de varios grupos. Por un lado, determinadas élites y partidos políticos se servirían de este “problema” porque ofrecería una fácil “explicación” a su derrota en los barrios populares: ésta sólo podría explicarse por la corrupción de los adversarios y de los pobres –hay que ser tonto o corrupto para no votarnos a nosotros-. Por otro, unos beneficiarios más directos: los académicos, gestores y organizaciones que viven de asesorar o de gestionar el supuesto problema. Utilizando el concepto de campo de Bourdieu , muestran cómo se constituye este mercado de expertos en evitar la compra del voto de los pobres y cómo este campo ha ido construyendo una definición de clientelismo acorde con sus intereses.

El artículo constituye así un ejemplo práctico de una de las primeras enseñanzas que nos ofrece la sociología: los “problemas sociales” que ocupan la escena pública son construcciones sociales. Como tales, una de las primeras tareas es preguntarse cómo se llegó a esa definición del problema: qué grupos y organizaciones incidieron en ella, qué intereses promueve, qué otras problemáticas o qué otras formas de formular el problema se excluyeron.

Pero en el artículo nos muestran algo más: que este “problema social” no suele responder a ninguna realidad. Lo documentan en los casos de Argentina y México. En el caso argentino, Gabriel Vommaro nos muestra cómo un programa de denuncias anónimas destinado a recoger casos de compra de votos no obtuvo ningún caso real: las pocas denuncias que llegaron acusaban a algún vecino de percibir dos ayudas gubernamentales incompatibles entre sí, pero nunca se las relacionaba con compra de votos. En el caso mexicano, Helene Combes encuesta puerta a puerta en busca de prácticas de clientelismo en Itzapalapa, el distrito más pobre de Ciudad de México. Ella y sus compañeros voluntarios en la campaña contra el clientelismo encuestan 350 hogares de un distrito ampliamente acusado de compra de votos: no obtienen ni un solo caso real.

Como subrayan Combes y Vommaro en el artículo, la acusación de clientelismo forma parte de un amplio repertorio de visiones miserabilistas de las clases populares. A los pobres se les acusa siempre de ser inferiores: en racionalidad, en moral. Si reclaman algo, se les acusa de pedigüeños; si obtienen algo, de subsidiados, de mantenidos, de holgazanes, de parásitos.

Este desprecio clasista no sólo subyace a la acusación de clientelismo. También a otra, muy extendida últimamente, de populismo. Se puede ver bien comparando a qué políticas se aplica la etiqueta en los medios de comunicación o en las campañas políticas. Las promesas de subir los salarios más bajos o de dar más prestaciones sociales o más recursos a los sectores más pobres son rápidamente denostadas de populistas: qué vergüenza, dar recursos a los pobres. Muy distinto es subvencionar a las empresas o subsidiar a las clases medias -pagándoles sus excluyentes colegios privados mediante “conciertos” o financiándoles sus planes de pensiones-.

Y, desde luego, cuando nunca se habla de compra de votos es cuando los partidos políticos prometen a los ricos que les bajarán los impuestos -a costa de reducir los servicios que proporciona el Estado-. Pero si algo se corresponde bien con la acusación de comprar votos es precisamente esta promesa. ¿Por qué no se define como problema social?