2023: El hostigamiento colectivo antigitano

Hay algo que molesta. Que sigue soslayado en la historia de las luchas vecinales, incluso en los más incipientes y menos apoyados ejercicios de memoria histórica frente al antigitanismo. Muchas protestas vecinales contra la discriminación urbana en las barriadas españolas de clases populares se han desplegado a través de solidaridades etnicistas materializadas en boicots vecinales a realojos de familias gitanas, incluso a la escolarización de alumnado gitano, si bien esto último con menos frecuencia, poder de convocatoria y extensión en el tiempo.

Hay, no obstante, diferencias entre los dos tipos de conflictos arriba citados y los que conforman, en cambio, el mapa continuamente reactualizado de las violencias civiles antigitanas en España. Así, las condiciones de posibilidad y pautas de desarrollo de los conflictos que no traspasan el umbral de la protesta etnicista, como son las acciones contra realojos de familias gitanas, ha ido variando a medida que evolucionaba el proceso político de relaciones y litigaciones con el pueblo gitano durante la democracia. Este proceso frecuentemente conflictivo ha incluido el despliegue en el espacio público de prejuicios antigitanos tradicionales, pero también ha estado caracterizado sobre todo por la construcción de nuevos marcos de significados etnicistas y por el ensayo de acciones vecinales de discriminación que han ido variando con el tiempo. Modulándose y adaptándose a las nuevas relaciones de interdependencia interétnica, así como a las nuevas legitimidades y marco de derechos que iba conquistando la población gitana de la democracia pese a las resistencias sociales a su inclusión (Río- Ruiz, 2014; 2018).

En cambio, los episodios de violencia antigitana mantendrán –desde el tardofranquismo al menos– escasas variaciones en sus circunstancias desencadenantes, en sus pautas de desarrollo, así como en los marcos de orientación, significación y valoración etnicista que actúan en los distintos escenarios como banderín de reclutamiento frente a las minorías gitanas locales. Los ritualizados festivales de violencia antigitana representan, aún con innovaciones en los márgenes en función de circunstancias locales, un suma y sigue de episodios de “terrorismo étnico de baja intensidad” cuyas pautas de desarrollo ya fueron identificadas hace veinte años en un libro apoyado por la Fundación Secretariado Gitano (Río 2003). Ahí revelaba cómo quienes participan bajo divisiones de papeles integrados en estos conflictos actúan bajo un protocolo estructurado y regular de acción colectiva, algo que permite explicar cómo se inician y bajó qué orden de interacciones transcurren estos acontecimientos. Pese a estas regularidades las autoridades, tanto locales como extracomunitarias, siguen sin extraer las lecciones debidas para abortar estos casos. Son además casos que, pese a su reiteración en una España donde en otros terrenos han evolucionado sensiblemente los derechos y legitimidades asumidas de la ciudanía gitana, tendemos a enterrar pronto en las hemerotecas. Solemos acordarnos de los antecedentes de violencia etnicista, frecuentemente mal saldados en términos de justicia y recomposición de la convivencia, pero cuando una vez más es demasiado tarde en otro lugar.

El tratamiento periodístico de estos casos suele recurrir a metáforas volcánicas, pero dichas descripciones de vecinos agraviados y conmocionados que no pueden contener su estallido diluyen el peso del antigitanismo como condición discriminante de posibilidad de las acciones vecinales. Es cierto que prácticamente todos los ataques comunitarios contra familias, animales y propiedades de comunidades gitanas se han desencadenado a raíz de previos sucesos interpersonales violentos injustificables. También lo es que muchas veces el suceso crítico que unifica ritualmente a la multitud contra los gitanos sin distingo ha sido un homicidio o agresión grave. Ahora bien, agresiones catalogables como leves también han concitado espirales de violencia etnicista. El caso más grave la democracia –Martos, 1986, treinta viviendas incendiadas– está precedido precisamente de una agresión leve de un vecino a otro, no gitano.

Si de algún vecino gitano en calidad de victimario hablamos, estos sucesos leves, graves, o tan irreparables como un homicidio, dejan de evaluarse como como saldos dramáticos e injustificados de abusos, disputas y rencillas interpersonales entre vecinos. No hay riesgo de que una mayoría local se unifique para asaltar y destruir con excavadoras, antorchas o machetas las colonias residenciales de minorías blancas europeas que albergan al autor indivisible de varios asesinatos de jóvenes mujeres autóctonas. Por el contrario, basta con un vecino gitano implicado en un homicidio para que los que podrían ser juzgados como sucesos críticos interpersonales pasen en cambio a valorarse –a nivel de las localidades, ahora también en las nuevas ventanas de odio de las redes sociales– en consonancia con algunos de los peores rasgos atribuidos a los gitanos; acusados sin distingo de violar y suponer una amenaza continua para las reglas más preciadas del orden y la seguridad vecinal: el derecho a la integridad física que (según prejuicios extendidos) violarían especialmente los gitanos, recurriendo ante la más mínima fricción, a una amplia gama de conductas violentas letales como tarjeta de presentación en sociedad.

Por tanto, un rasgo de estos casos es la asimetría: la desigualdad de rasero a la hora de evaluar y reaccionar ante un acto en función de la marca étnica de su autor. Otro rasgo es la sobrerrepresentación: la tendencia a juzgar a toda una comunidad por los actos execrables de alguno de sus integrantes más desviados. Otro es la sustancialización cultural: la tendencia a valorar los actos de miembros externos al grupo, en vez de como una desviación individual sin marca cultural específica, como acciones consustanciales al patrón de comportamiento de ese exogrupo. Incluso los rumores que muchas veces se dan en torno a los sucesos críticos en sus horas posteriores se evalúan bajo parámetros etnicistas. La falta de información muchas veces suele reconducirse a través de relatos estereotipados sobre el comportamiento de la minoría.

Por otro lado, estas manifestaciones de antigitanismo revelan que la distinta trayectoria y arraigo de distintas familias gitanas en las localidades escenarios de los conflictos no evita el riesgo de experimentar la violencia, el boicot, el hostigamiento y la presión vecinal hasta el exilio. La sabia memoria gitana acumulada que muchas veces marca la huida de familias gitanas locales de los escenarios donde preludian violencia étnica indiscriminada se identifica frecuentemente con implicaciones generalizadas. Las lógicas de individualización de los delitos se ven suspendidas. Abundan los casos en los que los llamados “más integrados” también sufren la violencia. La sufren con independencia de su responsabilidad directa o mediata en los delitos previos. La sufren al margen de su trayectoria de vida en común en los pueblos. Estos casos muestran hasta qué punto la violencia es el núcleo duro del racismo. Cómo por donde un día trotan las marchas etnicistas, además de tardar en volver a crecer la hierba, se consolida la destrucción de puentes de vecindad interétnicas a veces cimentados durante generaciones, pero frágiles y difíciles de recomponer.

De hecho, junto con la división de papeles integrados entre grupos más violentos artífices y grupos facilitadores que incitan y apoyan la violencia antigitana cuando estalla, otra característica de estos casos es la presión comunitaria que lleva al silenciamiento de disidencias locales frente a las respuestas vecinales ofrecidas. A la cohesión fuenteovejunesca se une la escasa eficacia de las autoridades locales en la contención vecinal. Las abundantes irresponsabilidades de las autoridades locales participando o permitiendo actos de protesta vecinal que son un preludio de violencia racista se suma a los casos extremos donde la tensión y el odio desatado a nivel comunitario se utiliza políticamente por las alcaldías, como sucedió en Mancha Real en 1991 o dos años antes en la segoviana Sanchonuño. No obstante, incluso cuando las autoridades locales pagan un coste político por no facilitar y no justificar la violencia antigitana, como ocurrió en Torredonjimeno en 1984 y en Martos en 1986 con alcaldes acusados de no estar “del lado del pueblo”, la experiencia demuestra la escasa eficacia de los poderes locales en la contención y canalización pacífica de este tipo de multitudes (Río, 2005).

Mención más detallada merecería el papel jugado ante estos casos por los medios de comunicación, sobre todo los provinciales, especialmente sometidos a clientelas e intereses localistas. Dada la mala imagen que proyectan estos casos sobre las localidades y provincias, resulta cada vez más tibia la denuncia mediática de la naturaleza etnicista de estos acontecimientos. Llamativamente, el tratamiento mediático que recibieron episodios de antigitanismo de la joven España democrática fue mucho más crítico, y acorde con un enfoque de derechos humanos, que el que se está ofreciendo de episodios de antigitanismo del siglo XXI. Frente a estos casos que siguen reproduciéndose, como muestran los sucesos recientes tratados en otros apartados de este informe, comparto que es necesario elaborar definitivamente un protocolo de actuación institucional que dé una respuesta social y jurídica rápida y efectiva ante situaciones impropias de un Estado de Derecho, frecuentemente suspendido si de vecinos gitanos hablamos.

Manuel Ángel Río Ruiz
Universidad de Sevilla

Bibliografía

Río Ruiz, Manuel Ángel (2018). “Antigitanismo y cambios en los derechos y condiciones escolares de la infancia gitana en España (1970-1995)”. En: Historia y política. Núm. 40: 179-210.

Río Ruiz, Manuel Ángel (2014). “Políticas de realojo, comunidad gitana y conflictos urbanos en España. 1980-2000”. En: Quid 16. Revista de Estudios Urbanos. Núm. 16: 34-61.

Río Ruiz, Manuel Ángel (2005). “Dilemas políticos y de orden público. Alcaldías y fuerzas de seguridad en disturbios etnicistas”. En: Política y sociedad. Vol. 42. Núm. 3: 63-85.

Río Ruiz, Manuel Ángel (2003). Violencia étnica y destierro. Dinámicas de cuatro disturbios antigitanos en Andalucía. Granada. Maristán-Fundación Secretariado General Gitano.