A pesar de que la Argentina es uno de los países más envejecidos de América Latina –más del 16% de su población es adulta mayor y su esperanza de vida se ubica por arriba de los 76 años (73,5 varones y 80 mujeres)–, no todos sus habitantes cuentan con esa suerte. Tal es el caso de las mujeres trans cuya esperanza de vida oscila entre los 35 y 45 años y aquellas mayores de 60 años no superan la centena. 

Sin embargo, el género y la sexualidad no son en sí mismos factores determinantes en las formas de envejecer. Por el contrario, son los contextos y las connotaciones que implica tener una identidad o expresión de género específica: son los marcos sociales los que imprimen sus características y estigmatizan ciertas cualidades en el curso de sus vidas. Así, el desarrollo de esas trayectorias, en tanto hecho social, no tendrán al individuo como sustrato, sino a la sociedad. La imposibilidad de arribar a la adultez mayor está entonces atada a las peripecias que debieron afrontar desde el momento en que asumieron su identidad de género.

Uno de estos hitos en sus biografías fue la transfobia, que derivó, por ejemplo, en la expulsión de sus hogares familiares en la adolescencia; momento en el que hicieron público su deseo. Esto las llevó a radicarse en las grandes ciudades argentinas, en busca de anonimato y escuetas posibilidades laborales que permitieran la realización de su identidad. Por otro lado, la soledad y la falta de acceso a la educación, sumado a la discriminación, presentaría a la prostitución como una de las pocas posibilidades de subsistencia (el 82% de ellas la ha ejercido), dando forma a una situación de pobreza y marginalidad que, como un encadenamiento hacia atrás, ceñiría sus trayectorias.

Asimismo, el hecho de que el cuerpo biológico no fuese concordante con su deseo, explica que su construcción identitaria haya sido corporal. En ese sentido, la búsqueda de armonía entre el sentir y el propio cuerpo las conduciría por el camino de adecuación corporal más asequible más allá de los riesgos que pudiera representar. De ese modo, previo a la Ley de Identidad de Género (2012) que reconociera los procesos de hormonización y cirugías dentro del Programa Médico Obligatorio, las operaciones caían en manos de trans más experimentadas quienes, mediante intervenciones clandestinas, brindaban un servicio de bajo coste, pero altamente peligroso.

Por otro lado, las intervenciones corporales constantes –a fin de reflejar su sentir identitario, como también para ser deseables para potenciales clientes– llevarían a una perpetua erosión sobre sus propios cuerpos: así, la construcción identitaria-corporal trans devendría en una subjetividad dolorosa y marginal producto de una posición social frágil. La violencia y la pobreza se corporizarían en una subjetividad vulnerable.

Sin embargo, a pesar de que, por un lado, la Argentina cuenta con una Ley de Identidad de Género ejemplar (primera en el mundo en no patologizar las identidades trans), por el otro carece de una ley antidiscriminatoria que contemple la orientación sexual, identidad o expresión de género como agravante de delito. 

Así, más allá de tener importantes legislaciones, estas deben coexistir con códigos de faltas y contravenciones que existen aún en algunas provincias y que contienen figuras ambiguas que tipifican, por ejemplo, faltas a la “moral y las buenas costumbres”, a la “decencia” o al “decoro” y son utilizadas tanto por el personal de salud como por las fuerzas policiales como herramienta para justificar su accionar violento y discriminatorio hacia las personas trans. Sobre todo, en las más jóvenes: la mayoría de los casos de violencia comienzan a observarse a los 10 años de edad y hasta los 39 años. 

En ese sentido, según datos recientes, el 76% declaró haber sido de víctima de algún tipo de violencia verbal o física por parte de la policía. A su vez, de las personas que han comenzado tratamientos hormonales, el 86% no continuó con los controles médicos siguientes: el 50% dejó de concurrir a los centros de salud debido a la discriminación. Por otro lado, respecto al ámbito educativo, el 26,4% fue discriminada por parte de directivos de las escuelas y recibió maltrato de docentes y el 58% por parte de otros y otras estudiantes. Esto condujo a que el 45% decidiera abandonar la escuela.

Asimismo, al tiempo que Argentina y la región conocieron un avance en materia de derechos para el colectivo, al unísono se incrementó la participación de sectores detractores de la promoción de derechos sexuales y reproductivos, los cuales no sólo comenzaron a adquirir medios de comunicación, sino también a contar con representación parlamentaria.

Empero, el auge del conservadurismo en Latinoamérica no se limita sólo a obstaculizar la ampliación de derechos. También se puede observar un crecimiento en los índices de violencia sobre las personas trans. Por ejemplo, de los homicidios registrados en el mundo en el período 2008-2016, América Latina representa el 78% (2115 asesinatos).

No obstante, si bien la región experimenta, como definió Encarnación, una “revolución de derechos” –proceso en el cual Argentina incluso se antepuso a países centrales como Francia, Estados Unidos o Gran Bretaña–, lo cierto es que los episodios de violencia y discriminación sobre esta población no cesaron. A su vez, parte de este abanico de legislaciones sin parangón por estas latitudes, consiste en políticas recientes o insuficientes, no llegando a cambiar su situación de raíz.

De tal forma, el trabajo sexual continúa siendo el medio de subsistencia predominante, donde el consumo de estupefacientes o la exposición a la violencia (tanto de particulares como de las fuerzas de seguridad, entre otras) siguen operando en detrimento de su bienestar. A su vez, las restricciones circulatorias que en la Argentina se implementaron desde mediados de marzo del 2020 producto de la pandemia, conspiraron tanto sobre el ejercicio de la prostitución callejera, como en la continuidad de los controles médicos, no sólo por los tratamientos hormonales, sino también debido a que la prevalencia del VIH en esta población es del 34%.

Esta problemática que atañe a la población trans nos ha llevado a abordar su cuestión etaria como una vejez relativa (ya que no suelen superar los 45 años de vida) y relacional (analizando a las mayores del grupo). Por otro lado, ellas sostienen que la baja esperanza de vida, vivir rodeadas por la incertidumbre, soledad y violencia, les impide pensar en un mañana próspero: la vejez se les presenta como un fenómeno épico y esquivo, donde además no pueden realizarse. Emerge de este modo una paradójica situación a la cual se somete a este colectivo.

En efecto, si la edad es un constructo social factible de indagación en tanto hecho social, sumado a que este proceso se desarrolla en un contexto en el que las sociedades desean que sus poblaciones vivan cada vez más (lo cual se hace visible por ejemplo en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la 55ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas o en las bases del Horizonte 2020 de la Comunidad Europea), debemos sostener que su impedimento de arribar a la vejez debe entenderse como un derecho negado, ya que es la sociedad la que produce y construye (o no) determinados tipos de envejecimientos. Es la sociedad quien brinda o limita ciertos instrumentos en determinadas trayectorias o quien concede o restringe derechos. En síntesis, si es la sociedad la que erige nuestro devenir y desea que envejezcamos cada día más, debe ser también la que garantice los derechos que para la comunidad trans argentina parecen arrumbados.