Madrid es una de las ciudades más segregadas de toda Europa. La desigualdad entre un Noroeste más acomodado y un Sureste empobrecido se traduce, entre otras cosas, en una diferente percepción de la seguridad. Las diferencias materiales entre sus barrios van acompañadas de diferencias simbólicas (mapas mentales, discursos…etc.). En su corazón, el barrio de Salamanca es uno de los que se considera más seguro, mientras que otro barrio no muy lejano sigue teniendo un estigma de peligrosidad social que tiene toda una historia detrás (barrio de Lavapiés)…a pesar de que las cifras de criminalidad indiquen otra cosa. ¿Por qué existen estas diferencias entre las cifras y los relatos de seguridad? ¿Cómo se generan y mantienen a lo largo del tiempo esos discursos, a pesar de los datos?

Estas son algunas de las preguntas que me movieron a realizar una tesis doctoral sobre esos dos barrios. El concepto de inseguridad ciudadana se construye como problema social alrededor de unos delitos muy concretos asociados a ciertos grupos que tienden a compartir espacios y también etiquetas sociales: las clases populares como clases peligrosas (Chevalier, 1958). Sin embargo, esta conexión no explica todas las aristas de semejante “problema social”, ya que existen zonas próximas a barrio populares con mayores tasas de delitos de ese tipo que no tienen un estigma territorial asociado, ya que éstos tienden a producirse y consolidarse en relación con la composición social de los barrios y no tanto con sus cifras “objetivas” de criminalidad (que dependen, a su vez, de un muy subjetivo y selectivo trabajo policial cotidiano).

El concepto de “seguridad” suele esconder más cuestiones y realidades de las que es capaz de señalar. Se ha convertido en un significante capaz de remitir a ciertas ideas, actores, discursos y/o prácticas sociales, e incluso a determinados espacios físicos. Normalmente, es necesario ponerle algún apellido para tratar de circunscribir el campo de referencia: seguridad laboral, jurídica, alimentaria, social, etc. El concepto que emerge en España a partir de los años ochenta de “seguridad ciudadana”, sin embargo, no parece demasiado específico. Cuando se habla o escribe sobre seguridad ciudadana no se suele hacer mención a las posibles dimensiones que afectan a la seguridad de la ciudadanía. La seguridad ciudadana alude a delitos (y únicamente a una pequeña parte de éstos) que se cometen en determinados espacios urbanos (y tampoco todos los espacios donde se cometen éstos). Fruto de trabajo histórico y simbólico donde el Estado, los medios de comunicación y la propia academia han sido actores fundamentales en su consolidación como “problema social”, la inseguridad ciudadana quedó asociada desde su nacimiento a ciertos grupos en los barrios de clases populares y trabajadoras de las periferias de las grandes ciudades. Sin embargo, el discurso/categoría (que ha dado nombre a dos de las leyes más polémicas en materia de orden público renombradas socialmente como Ley Corcuera en 1992 y Ley Mordaza en 2015) se ha ido adaptando a los cambios sociales y urbanos: de los quinquis a los movimientos sociales, pasando por grupos de migrantes pobres, la enorme flexibilidad de semejante categoría es una de sus principales fortalezas. Quizá esa sea la razón por la que, a pesar las promesas realizadas, no se derogan este tipo de leyes cuando se tiene el poder.

Con el objetivo de poner a prueba semejante constructo, llevé a cabo una investigación en dos espacios urbanos del centro de Madrid socialmente distantes pero geográficamente próximos en términos relativos: el barrio de Lavapiés y el barrio de Salamanca. Dos espacios urbanos antagónicos en muchos aspectos sociales, económicos, culturales, simbólicos y hasta políticos. Ninguno existe a nivel oficial, pero es indudable su existencia histórica y social, siendo dos de las zonas del centro de Madrid más (re)conocidas, con un capital simbólico asociado a las mismas fruto de su trayectoria histórica. Dentro de ese aura territorial la seguridad ha jugado (y lo sigue haciendo) un papel fundamental: Lavapiés lleva siendo un espacio estigmatizado desde los años ochenta (aunque realmente ese estigma se pueda remontar siglos atrás), y a pesar de ser un barrio céntrico siempre ha compartido un carácter socialmente periférico con otros barrios, como Vallecas o Carabanchel. La inseguridad ciudadana ha sido uno de esos “problemas sociales” que nunca han terminado de desaparecer de la zona, como tampoco lo ha hecho su composición social y económica, a pesar de le embestida de procesos de gentrificación y turistificación. Por su parte, el barrio de Salamanca es una de las zonas más exclusivas y/o distinguidas del centro de la ciudad. Ese “coto cerrado de aristócratas y burgueses” que se levantó en el siglo XIX precisamente como espacio reservado, higiénico y seguro para ciertos grupos sociales. Quizá uno de los lugares percibidos como menos inseguros de todo el centro, donde se encuentra la famosa Milla de Oro con los comercios más exclusivos/excluyentes de la ciudad y donde viven personalidades del mundo de la política, la economía o la cultura.

La seguridad ciudadana o su problematización (inseguridad ciudadana) suele estudiarse académicamente en función de su dimensión “objetiva” (cifras de criminalidad), por un lado, y la “subjetiva” (percepciones y/o sentimientos), por otro. Precisamente, uno de los objetivos de muchos trabajos es tratar de explicar y/o comprender por qué existen determinadas disonancias entre una y otra dimensión: por qué a pesar de ser menos victimizados “objetivamente” ciertos grupos (o espacios) se sienten o perciben más inseguros “subjetivamente”. En nuestro análisis sociológico tratamos de romper con estas falsas dicotomías y discursos ideológicos a través de un estudio de esos dos barrios basado en tres dimensiones interdependientes. En primer lugar, un trabajo de análisis sociohistórico que traiga hasta nuestro presente la trayectoria de esos espacios urbanos (su génesis y relación con los problemas de seguridad) con el fin de hacer más inteligibles los problemas actuales; en segundo lugar, un análisis de la desigual distribución de capitales económicos, culturales, sociales y simbólicos fruto de la sedimentación histórica que dibujan unas muy desiguales relaciones inter e intra barriales; y tercero, pero no menos importante, un análisis de los discursos producidos en torno a los “problemas de seguridad”. Para este tercer objetivo realicé entrevistas abiertas tanto a las personas que viven y trabajan en esos barrios, asociadas o no, a policías (nacionales y municipales) con los que tuve la oportunidad de “salir de patrulla” por esos dos espacios, y a otros agentes clave (porteros, párrocos, activistas…etc.). Los resultados de este trabajo dilatado en el tiempo (tesis doctoral) fueron publicados en formato más accesible hace unos años: Madrid, las dos caras de la (in)seguridad (Dado ediciones). Para el propósito divulgativo de esta página, basten algunas líneas conclusivas aunque muchas ideas puedan quedar simplificadas y/o insuficientemente explicadas. Para toda persona interesada en conocer más sobre el trabajo, remito al libro anteriormente citado.

Ni Lavapiés es tan inseguro, ni Salamanca es tan seguro como parece (a tenor de los medios, los planes urbanísticos, o los propios discursos dominantes sobre la ciudad). Quizá esto pueda parecer simple, pero entraña toda una serie de contradicciones y/o ambivalencias (tanto de orden material como simbólico) mucho más complejas. El papel que ha venido jugando el “problema” de la inseguridad ciudadana en Lavapiés no puede desvincularse de su posición estratégica respecto del resto de la ciudad, y de su centro geográfico en particular. Incluso antes de que empezara a ser objeto de especulación, gentrificación y/o turistificación el problema ya estaba ahí. Y todo, a pesar de ser uno de los barrios “objetivamente” más seguros del centro de Madrid si lo comparamos con zonas próximas como Sol o la Gran Vía, donde se cometen muchos más delitos del tipo que suelen asociarse a la inseguridad ciudadana. Por otro lado, el barrio de Salamanca ha sido objeto de una criminalidad profesional que ha dirigido su mirada hacia los escaparates de las joyerías, peleterías y tiendas de moda más caras de la ciudad, así como a las cajas fuertes que muchas personas tienen en sus domicilios custodiados por fuertes medidas de seguridad privada (desde los porteros hasta las cámaras de seguridad pasando por las puertas y ventanas reforzadas). Realidades cotidianas que chocan con el discurso y el sentido común del “problema” de la inseguridad, pero también con las etiquetas e ideas que existen sobre la composición social de los barrios (por ejemplo, el barrio multicultural vs. el barrio pijo). A pesar de la fuerza simbólica de éstas, lo cierto es que la realidad material de ambos es mucho más diversa y compleja.

Una de las formas de estudiar a las clases sociales es a través del espacio (más o menos diferenciado) que ocupan en la ciudad, muchas veces dando lugar a barrios reconocidos, de una forma u otra, con determinados grupos o clases sociales. Una influencia socioespacial que precisa de una trayectoria a través de la cual éstos vayan plasmando sobre el espacio que habitan sus habitus diferenciados. La cuestión espacial nos remite necesariamente a la coacción por los recursos comunes a lo largo del tiempo, pero igualmente, a su reapropiación. Todo análisis sociológico de la ciudad debería tomar en consideración la tarea de re-conocer las diferencias sociales a través de sus expresiones espaciales, que nos reenvían a sus propias condiciones sociohistóricas de posibilidad: la agregación y segregación social no son realidades naturales, ni universales, ni tampoco homogéneas, sino que están inscritas en las relaciones sociales plasmadas sobre el espacio urbano. No hay nada como pasear por la ciudad para in-corporar y, con el tiempo, naturalizar la propia realidad social desigual. A través de las estructuras urbanas se reafirma el propio orden social: como argumentó un sociólogo francés algo conocido será a partir de las estructuras mentales, como producto de esa incorporación de las estructuras espaciales, como se desarrolle esta forma de violencia simbólica (Bourdieu, 2010).

Si bien hemos tratado de objetivar la existencia de esos dos Madrid a través de estos dos barrios, también hemos podido comprobar cómo dentro de ellos también se desarrollan dos Lavapiés o dos Salamancas, aunque tan sólo sea de forma heurística o aproximativa. Estas microsegregaciones interiores deben ser leídas como la expresión social de una lucha por la apropiación del espacio. Aún más, si tenemos en cuenta que estamos ante dos barrios de un centro urbano cada vez más codiciado por diferentes agentes (sociales/económicos, locales/ globales…etc.). Lo que es fundamental para comprender los conflictos socio-espaciales que se leen en términos de seguridad es la propia composición social del barrio, y no tanto los índices de criminalidad del mismo, como pudimos comprobar. El desarrollo de ese entre-sí forzado de categorías tan heterogéneas de población, debería servir de acicate para problematizar la propia mezcla social, tan en boga en los planes urbanísticos tanto en los Estados Unidos como en Europa. Así, hemos podido comprobar cómo la adhesión a la mezcla social tan sólo es posible mientras que ésta sea controlada por los grupos con mayor capital poseído en esos espacios, tal como apuntó Silvie Tissot (2011) en sus estudios sobre los barrios en Estados Unidos. Es decir, su materialización como realidad urbana depende de las relaciones de poder del contexto local concreto donde se pretende desarrollar semejante “collage social”. De esta manera, las microsegregaciones que hemos podido objetivar a través de la genealogía, la estructura de capitales y las posiciones discursivas de los agentes, tanto en el barrio de Lavapiés como en el barrio de Salamanca, ponen sobre la mesa la importancia de tomar en consideración esas relaciones de poder para comprender el espacio. Si la mezcla social se define desde una posición de poder concreta, se comprenderá mejor cómo emergen determinados “problemas de seguridad” en los barrios, definidos a través de las asociaciones, los partidos políticos, o las organizaciones de vecinos, comerciantes o empresarios que operan en la zona con determinados intereses objetivos.

De aquel célebre “la calle es mía” verbalizado por Manuel Fraga a partir del asesinato de obreros aquellos sucesos de Vitoria en 1976, al “vamos a barrer las calles de pequeños delincuentes” de su discípulo Aznar en 2003 ha pasado tiempo. Un tiempo en el que un objeto como la inseguridad ciudadana se ha establecido en las agendas políticas y mediáticas con el fin de señalar determinados “problemas de orden público” en algunos barrios de la ciudad con cierta composición social, cultural y económica. Un objeto de saber mediático-académico-político que no constituye una categoría de análisis sociológica, sino un discurso de poder (Lee, 2011). Como explicaba Bourdieu, la violencia simbólica se refiere a la imposición de arbitrarios culturales como si fueran realidades universales. Estos mitos, no obstante, se reproducen gracias al mantenimiento de unas relaciones de fuerza “exteriores”. El desarrollo de esas violencias “desde arriba”, como la institucionalización del paro masivo, la relegación de barrios desposeídos o la criminalización de la pobreza, paso necesario para la gestión penal de la inseguridad social (Wacquant, 2012) potencian unas relaciones de poder que, precisamente, tienden a ocultar.

Referencias:

Bourdieu, P. (2010). “Efectos de lugar” En P. Bourdieu (ed.) La miseria del mundo pp. 119-125. Madrid: Akal.

Chevalier, L. (1958): Classes laborieuses et classes dangereuses. Paris: Pluriel editions.

Lee, M. (2011). Inventing Fear of Crime: criminology and the politics of anxiety. Nueva York: Routledge.

Tissot, S. (2011). De bons voisins: enquête dans un quartier de la bourgeoisie progressiste. París: Raisons d‟agir.

Wacquant, L. (2012). Castigar a los pobres, el gobierno neoliberal de la inseguridad social. Barcelona: Editorial Gedisa.

Publicación académica relacionada: